Los exmiembros de la Mesa del Parlament piden expulsar a la Abogacía del Estado del juicio

Las defensas de los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya han pedido este martes durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) expulsar a la Abogacía del Estado como acusación particular.

En el trámite de cuestiones previas, el abogado de Mireia Boya, Carles López, ha argumentado que en este procedimiento no se juzga a los acusados por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el motivo inicial por el que pidió personarse en la causa la Abogacía del Estado.

Alega -y todas las partes se han adherido a sus argumentos- falta de legitimación activa de la Abogacía del Estado para ejercer de acusación particular, y que no es posible su transformación en acusación popular.

Torra: "Esta mañana cinco demócratas serán juzgados en el TSJC"

Según el letrado, la Abogacía del Estado pidió en 2018 personarse en el procedimiento como acusación particular para ostentar la defensa de la Administración del Estado y del Ministerio de Hacienda, por considerarse perjudicada por la presunta comisión de malversación de caudales públicos.

En este sentido, afirma que mantenerla como acusación sin que los acusados se enfrenten a este delito -solo se enfrentan al de presunta desobediencia- "vulnera el principio acusatorio", por lo que ha pedido a la Sala dictar su falta de legitimación y apartarla del procedimiento.

El TSJC no acepta retirar de la acusación a la Abogacía del Estado

Los magistrados del TSJC no han aceptado la petición de todas las defensas para expulsar a la Abogacía del Estado de la acusación en el juicio, ya que el proceso parte de la causa por el 1-O en el Tribunal Supremo (TS), donde sí estaba representada.

La abogada del Estado Beatriz Vizcaíno ha considerado, además, que es una "parte procesal legítima", ya que el Estado es perjudicado en esta causa por el delito de desobediencia, porque los acusados supuestamente faltaron a su obligación de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Ha recordado que fue la Abogacía del Estado quién promovió los incidentes de ejecución por los supuestos incumplimientos a los mandatos del TC, un argumento que también ha esgrimido el fiscal Pedro Ariche, que defiende que la Abogacía puede ser acusación en la causa al ser quien impulsó las deducciones de testimonio que dieron lugar a las querellas.